Un elefante con artrosis

“El Hoyo” es un exitoso thriller español, dirigido por Galder Gaztelu-Urrutia, que representa la vida en un centro de reclusión existente en una sociedad distópica. El lugar está dividido en niveles, cada uno ocupado por dos presos, existiendo un turno aleatorio para ocuparlos y una plataforma central que distribuye la comida, deteniéndose un tiempo en cada piso. Los internos de los niveles superiores comen abundantemente, pero los de los niveles inferiores comen sólo lo que les dejan los de arriba, sin poder acumular alimentos. Las paradojas de la administración del centro, la lucha por la supervivencia de los reclusos más desfavorecidos y el ambiente que allí se vive -que nos lleva desde el gore hasta el canibalismo o el humor negro- constituyen una peculiar metáfora de los tiempos actuales y del comportamiento social en tiempos de opresión.

La crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto la ineficacia de la Administración española. El Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Baleares, Miguel Ángel García Albertí, lo ponía de manifiesto hace escasos días en una entrevista en este mismo diario. La lentitud y descoordinación administrativa ha sido un rasgo diferencial negativo de España en relación a los demás países occidentales, y nos ha aupado a los peores registros en las estadísticas mundiales de la pandemia. Desde hace años estamos todos financiando a un enorme elefante con artrosis. Que tiene un cuerpo hipertrofiado, con órganos multiplicados por la distribución de competencias entre los entes estatales, autonómicos y municipales, suponiendo una carga insostenible para nuestro renqueante sistema tributario y presupuestario (tenemos un agujero fiscal de 160.000 millones de euros). Y, además, padece una artrosis galopante que le impide moverse con agilidad y reaccionar a las exigencias exteriores con la diligencia que demandamos sus usuarios.

La causa de la ineficacia de nuestra Administración es, a mi entender, triple. Primeramente, que no está ideada para dar servicio al administrado. El ciudadano, que es quien la financia con sus impuestos y el destinatario final de sus servicios, es quien menos importa en su compleja estructura organizativa. Es más, cuando algún usuario de una oficina pública exige cierta celeridad para resolver algún expediente, se le suele hacer ver que molesta de una forma ostensible. Con honrosísimas excepciones. Lo cual resulta injustificable. Alguien debería explicar a ciertos empleados públicos que los tipos agobiados que tienen al otro lado de la mesa o, últimamente, enmascarados al otro lado de la mampara, son quienes de verdad les pagan su sueldo y les mantienen sus prebendas, en especial el chollazo indescriptible de no poder ser despedidos aunque su rendimiento laboral sea nulo o muy mejorable.

Algunos replicarán que existe falta de medios y recursos en muchas oficinas públicas. Pero ello resulta contradictorio con la realidad general de nuestra Administración. Porque aquí viene la segunda de las grandes causas de su ineficacia. La estructura general de las Administraciones españolas, sean estatales, autonómicas o locales -y de la mayoría de los órganos y departamentos que las componen- se crea, se desarrolla o se transforma a la exacta medida de los políticos que temporalmente las gobiernan. La demagogia, la ideología, la propaganda, el carácter vitalicio de muchos cargos y el sostenimiento de amplias redes clientelares están siempre por delante de la racionalidad, la eficacia, la eficiencia y la operatividad. Y ello acaba generando trabajadores adocenados, entes absurdos, oficinas duplicadas que se pasan la pelota y las competencias, colocaderos de personas afines, y demás chiringuitos que se comen el presupuesto, dejando sin medios y sin recursos a aquellas oficinas públicas que trabajan de verdad. Todos conocemos funcionarios desbordados de trabajo y otros que salen a la calle a hacer la compra y pasan la mañana mano sobre mano.

Una tercera causa, y aquí les habla el jurista, es lo desmesurado e irracional de nuestra legislación administrativa. En España tenemos la pésima costumbre de legislar mucho y muy mal. Nuestros políticos viven en la errónea convicción de que todos pensaremos que trabajan mucho si elaboran muchas normas, la mayoría de las cuales resultan infumables y generan más dudas que problemas resuelven. Para empezar, porque no las suelen redactar buenos juristas sino lacayos de las diferentes formaciones políticas, que exhiben mucha demagogia y carga ideológica pero no tienen pajolera idea de Derecho. Cuando los partidos -o los líderes políticos- hacen balance de su gestión se dedican a enumerar leyes y otras normas aprobadas durante su mandato, pero no a averiguar los verdaderos problemas solucionados con ellas. No hay manera de que entiendan que su función no es generar normas porque sí, sino que éstas resulten útiles para facilitar la actividad administrativa y la vida de los ciudadanos. La torrencial legislación que sufrimos durante el reciente confinamiento es la mejor muestra de este fenómeno tan típico de nuestro país.

En la película “El Hoyo”, la Administración del centro engaña a sus propios funcionarios, quienes realmente ignoran lo que allí sucede. Trabajan con su rutina diaria haciendo cosas absurdas -como piezas de un complejo puzzle– desconociendo sus verdaderas reglas internas. Muy revelador resulta el tema de los niveles. Los internos de arriba son terriblemente egoístas, y piensan muy poco en los que están abajo. Les dejan las sobras de la comida y los desprecian. Pero luego, al haber movimientos aleatorios, cambia su comportamiento. Cuando están abajo no comprenden la ruindad de los de arriba, pero cuando suben niveles se vuelven peores que quienes los ocupaban antes. El sistema sería justo si cada uno tomara su parte de comida, pero en la práctica resulta profundamente desigual. Como dice Trimagasi (Zorion Eguileor), uno de sus protagonistas, “hay tres tipos de personas: los de arriba, los de abajo y los que caen”.

Todo resulta una terrible alegoría de nuestros tiempos actuales. Del comportamiento de nuestra sociedad y de la inoperancia de nuestra Administración. Al iniciarse la Transición, había en España 700.000 funcionarios y la Administración funcionaba razonablemente bien. Hoy, con 3,1 millones, funciona mucho peor. Hemos creado un descomunal elefante con artrosis y nadie hace nada más que engordarlo.

Por Álvaro Delgado Truyols