Uno de los hechos más graves que he podido contemplar en más de treinta años de ejercicio jurídico es la colonización del Tribunal Constitucional para ser utilizado a la conveniencia particular de un gobernante autoritario y acosado familiarmente por temas de corrupción. La clave de bóveda de nuestro sistema político ha sido prostituida por el proxeneta Pedro Sánchez con el apoyo pasivo de la mitad de los españoles y la indecente colaboración de siete meretrices jurídicas presididas por la madame Cándido Conde-Pumpido, la mayoría de las cuales ocupó anteriormente altos cargos en gobiernos del PSOE. Aquí tienen ustedes los nombres para que integren el mausoleo nacional de la infamia: Inmaculada Montalbán (ex presidenta del Observatorio de Violencia de Género, y a la que Griñán concedió en 2012 la Medalla de Andalucía), María Luisa Balaguer (que también ocupó diversos cargos en la Junta de Andalucía de Chaves y Griñán), María Luisa Segoviano, Ramón Sáez (cercano a Podemos), Juan Carlos Campo (ex ministro de Justicia), Laura Díez (ex directora general en Moncloa).

El profesor Íñigo de Miguel ha escrito recientemente que “nuestro Tribunal Constitucional no tiene contrapesos, por lo que la mejor manera de introducir en España un sistema autoritario es colonizarlo y someter a su consideración los asuntos más variopintos, de manera que haga de legislador y juez último”. Y eso lo ha entendido perfectamente Pedro Sánchez, al que le importa tres pimientos retorcer los fundamentos del sistema constitucional con tal de conservar el poder a toda costa.

El asunto más sangrante resuelto por este infame Tribunal ha sido la exoneración de los principales responsables de los ERE de Andalucía, con los ex presidentes Chaves y Griñán al frente, el mayor caso de corrupción de la historia de España en el que más de 670 millones de euros -destinados a los parados- fueron malgastados en viajes, fiestas, putas, mariscadas y cocaína. “Mi hijo tiene dinero para asar una vaca”, había dicho en su día la madre de Juan Lanzas, uno de los principales sindicalistas implicados. Sánchez se tomó este tema como un asunto personal, dando a entender que no fue cometido por un grupo descontrolado de socialistas corruptos, sino que había sido la propia estructura del PSOE andaluz la que organizó esa trama clientelar para perpetuar durante casi cuatro décadas al partido en el poder. Y por eso no ha cejado en su empeño hasta conseguir exonerarles. Tenía una deuda pendiente con su partido.

El perfecto resumen de la chorizada perpetrada por Pumpido y sus meretrices lo ha efectuado la Magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel en su voto particular: “En esta sentencia, como en las restantes sentencias resolutorias de los recursos de amparo planteados contra las sentencias dictadas en la rama política de los EREs, se ha creado un artificio común estereotipado que, desconociendo la doctrina que este Tribunal ha venido manteniendo en otros recursos, ha llevado a dar cobertura legal a una trama criminal perfectamente descrita y analizada por el Tribunal Supremo, que ha conducido a la impunidad de la mayor parte de los recurrentes… Considero que el Tribunal (Constitucional) ha excedido sus competencias invadiendo las que corresponden al Tribunal Supremo para la interpretación de los tipos penales, para efectuar el juicio de subsunción y para la valoración de las pruebas, orillando el canon pacíficamente aplicado en los recursos de amparo. Las sentencias recurridas están ampliamente motivadas y no resultan en modo alguno erróneas o arbitrarias, lo que debió motivar la inadmisión a trámite de todos los recursos planteados”.

Como jurista de largo ejercicio me resisto a minusvalorar el prestigio o la trayectoria de este grupo de Magistrados hoy genuflexos ante el poder. Pero tipos que a una edad provecta (rondan los 70 años), y con la vida más bien resuelta, someten su talento y los méritos de una larga carrera a los designios de un autócrata sin escrúpulos merecen el desprecio del resto de sus conciudadanos.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 22 DE JULIO DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols