En la tertulia deportiva de los lunes en COPE Baleares, a la que acudo regularmente (fui, durante años, accionista y Consejero del RCD Mallorca), comentamos la pasada semana un curioso problema típico del futbol español. El presentador del programa, el periodista deportivo Jordi Jiménez, nos aportó una demoledora estadística que demostraba que, en nuestra Liga, se producen -con una diferencia enorme, además- muchas más faltas, más amonestaciones, más expulsiones de jugadores y más interrupciones en el juego por caídas, simulaciones, revisión de jugadas o pérdidas de tiempo que en las otras Ligas europeas.

El debate que planteaban esos datos objetivos era el siguiente: ¿es nuestra competición futbolística mucho más violenta que las demás, cuando hay otras que nos superan notoriamente en intensidad de juego? Y la respuesta que dimos los tertulianos fue que rotundamente no. ¿Qué sucede, entonces, en los partidos de la Liga española? Todos llegamos a la conclusión de que no tenemos problemas con el juego, pero sí con la errónea actitud disciplinaria del regulador, que condiciona el comportamiento de los futbolistas en el campo.

Los árbitros españoles de fútbol, a pesar de su preparación, buena voluntad y dedicación prácticamente profesionalizada, están fuertemente afectados por un excesivo reglamentismo. Las reglas de juego del fútbol son de vigencia y aplicación mundial, siendo elaboradas y revisadas por una Asociación internacional (integrada por la FIFA y las cuatro Federaciones de fútbol británicas, pues fue allí donde se inventó este deporte) llamada International Board. Pero luego vienen los reglamentos, que cada país desarrolla según su propia idiosincrasia. Y en España existe sobreabundancia de organismos, comités, reglas interpretativas, criterios disciplinarios, puntuaciones y demás farfolla reglamentaria que hace que los árbitros estén mucho más pendientes de cumplir ciertos protocolos administrativos -por las consecuencias profesionales que para ellos puede acarrear- que de arbitrar tranquilamente los partidos, pitando con sentido común exactamente lo que en ellos sucede.

Ese reglamentismo absurdo del fútbol español no es más que un traslado fiel de lo que sucede en España a nivel político y social. La vida personal y profesional del españolito medio está tan invadida por normas, instrucciones, restricciones, ordenanzas y organismos que hacen que cualquier simple actuación se convierta en una actividad de riesgo. El afán de los Gobiernos y de las Administraciones españolas por regular hasta el más mínimo detalle de la vida de sus ciudadanos, creando al efecto las correspondientes entidades controladoras, genera una hiperestructura administrativa y normativa que se convierte en un fin en sí misma. Todo ese aparato sobredimensionado sólo sirve para retroalimentar a una Administración creciente, pero no para mejorar sus servicios ni la vida de los ciudadanos. Y el precio que pagamos todos es el aumento de los impuestos, la merma de la libertad individual, la imposibilidad de entender todo el complejo entramado normativo que nos afecta y el consiguiente deterioro de la seguridad jurídica.

Donde más se aprecia todo este absurdo caos reglamentista es en el mundo del urbanismo. La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, lo acaba de poner de manifiesto en unas recientes declaraciones públicas referidas el nuevo Decreto Urbanístico del Govern balear, en las que ha criticado el actual modelo urbanístico de la izquierda, “basado en la prohibición hacia los ciudadanos de Baleares y que quiere controlar todo mediante una Administración pública cada vez más poderosa e intervencionista”, añadiendo que ”el PP quiere acabar con este modelo de imposición, ya que es el momento de recuperar la libertad de las personas, de respetar sus derechos, sus propiedades y sus esfuerzos”. El diputado del PP Sebastià Sagreras ahondó en el mismo tema, diciendo que la actual normativa “va contra la seguridad jurídica y la simplificación administrativa, y otorga a la Administración la capacidad de parar la actividad humana y económica”.

Es cierto que, ante el acuciante problema de la vivienda, lo único que se le ocurre al pacto de izquierdas es aumentar las restricciones y prohibiciones, con el efecto consiguiente de encarecer aún más la vivienda ya existente. Mariano Juan, coordinador de la Comisión de Territorio y Vivienda de los populares, criticó que el nuevo Decreto “convierte en rústicas parcelas que eran urbanas por cumplir los requisitos legales, recalifica parcelas construidas con la categoría de protegidas y coarta futuros crecimientos necesarios, en un ataque directo a la propiedad privada”.

El problema no viene sólo por la maraña legislativa, sino por la creciente ideologización de quienes elaboran las normas y de los técnicos que luego las interpretan. Aparte de los ataques a la propiedad privada -que a la izquierda y al nacionalismo les proporcionan una íntima satisfacción- aquí tienen un ejemplo de reglamentismo absurdo. Los talibanes del urbanismo balear llevan años demonizando las piscinas en las fincas rústicas. En una tierra donde vivimos meses bajo un calor insoportable les molesta que se refresquen los ciudadanos. ¿La razón de esta chocante obsesión? Antes defendían la tipología clásica de las viviendas baleares, y ahora añaden el argumento de la reducción del consumo de agua, aunque hoy las piscinas se llenan con agua desalada cuyo canon todos pagamos igualmente a las desaladoras. El nuevo Decreto Urbanístico 10/2022, ante la demanda social y lo ridículo de la situación, permite una sola piscina por finca (aunque tenga 200 hectáreas) y de un máximo de 35 metros cuadrados. Como la familia sea algo numerosa tendrán que decidir bañarse por turnos. Para regular las cosas así hay que ser muy fanático, y además muy mendrugo.

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 30 DE ENERO DE 2023.

Por Álvaro Delgado Truyols