Los gobernantes mediocres suelen encubrir su incompetencia bajo capas de demagogia y autoritarismo. Y eso está sucediendo actualmente con la política de vivienda del Govern balear. Ello no significa que la política urbanística de anteriores Gobiernos hubiera sido mucho mejor. Casi todos se dedicaron con esmero a establecer limitaciones más que a idear soluciones, cosa que requiere menos ideología y un mayor grado de conocimiento, estudio comparado y habilidad legislativa.

Pero el tema resulta sangrante en manos de un supuesto “Pacte de Progrés”. Dos legislaturas seguidas sin construir vivienda pública y subiendo reiteradamente los impuestos que gravan la compra de vivienda usada, habiendo disfrutado de los máximos históricos de recaudación tributaria, no tienen justificación posible. Menos mal que estamos en manos de “progresistas” abanderados de las políticas “sociales”. Porque están consiguiendo que ni uno sólo de sus votantes pueda acceder a una vivienda digna a un precio medianamente asequible.

La vivienda en Baleares presenta, de por sí, algunos problemas endémicos. El primero, tratarse de un territorio insular de extensión limitada, que no puede ser consumido para fines edificatorios de forma indefinida. El segundo, la ausencia de una verdadera planificación consensuada, racional y duradera del urbanismo que queremos tener, sustituida por saltos de mata que cada Gobierno va realizando a remolque de intereses de partido o coalición, condicionantes ideológicos o influencias de los lobbys de turno. El tercero, el propio crecimiento demográfico de la población insular. Y el cuarto, la presión que introducen sobre los precios innumerables adquirentes foráneos, no sólo ciudadanos extranjeros sino también procedentes del resto de España, debido a nuestro atractivo turístico y residencial.

Pero la incompetencia y el sectarismo de nuestros gobernantes sólo consigue encarecer el ya desquiciado mercado de la vivienda. Sus recientes decisiones legislativas en la materia, como la Ley de Vivienda de 2018, el nuevo Plan General de Palma, o el Decreto Urgente de Medidas Urbanísticas de diciembre de 2022, no hacen más que reducir suelo urbano, establecer prohibiciones y limitar derechos, con la consecuencia lógica de incrementar los precios de las viviendas ya edificadas. Lo que ha generado un aluvión de protestas de constructores y alcaldes, que ven que en sus municipios no se va a poder construir ni una sola vivienda más.

Ninguna solución imaginativa es capaz de emanar de nuestras mediocres cabezas pensantes. Como sucede, además, en la mayoría de sectores económicos. Su única y barata obsesión es establecer prohibiciones a la vida de los ciudadanos (terrazas en los bares, coches en la ciudad, cruceros en los puertos, fondeos marinos para los barcos de recreo, hoteles y agroturismos, piscinas en las casas, límite a la renta de los alquileres), para amoldarnos a sus obsesiones ideológicas y disimular su escasa eficacia gestora. Y así no invertir en vivienda la millonada que recaudan, que destinan a mantener una inmensa red clientelar.

La última genialidad que se les ha ocurrido es “hacernos un Canadá”. Prohibir por una ley hipotética -exige modificar la normativa nacional y la europea- que los ciudadanos no residentes adquieran viviendas en Baleares. Viendo que el Gobierno de Justin Trudeau ha establecido una limitación a las adquisiciones de viviendas por extranjeros para intentar abaratar su precio, el Vicepresidente de Podemos del Govern balear, el ex Juez Juan Pedro Yllanes, suspira porque nosotros aprobemos una normativa parecida. Cuando Canadá no pertenece a la Unión Europea (cuya legislación establece la libre circulación de personas y capitales entre los países miembros, cosa que un jurista de profesión debería conocer), y cuando las Islas Baleares y sus problemas se parecen a los de Canadá como un huevo a una castaña.

No podemos olvidar que nos encontramos en año electoral. Prometer cosas incumplibles y echar las culpas a terceros forma parte del guion político habitual. No obstante, cualquiera que trabaje todos los días en la venta de inmuebles (como, por ejemplo, un servidor), puede ofrecer a nuestros despistados gobernantes algunas ideas interesantes para aumentar el parque de viviendas asequibles sin construir ni un solo centímetro de nuevo territorio.

Aquí les proporciono unas cuantas: fomentar igualar alturas y aumentar volúmenes, nivelando los edificios para evitar el horrible perfil en dientes de sierra que afea enormemente muchas de nuestras calles; permitir cambios de uso, habilitando la conversión en viviendas de numerosos locales abandonados por el comercio situados en plantas bajas (tal como sucede en los pueblos); facilitar la división o segregación de pisos de gran tamaño situados en edificios antiguos para convertirlos en viviendas de superficie más reducida; y reconvertir hoteles o edificios industriales obsoletos en apartamentos mediante convenios con sus propietarios sin imponer porcentajes exagerados de VPO.

Copien las ideas anteriores. Se las regalo todas sin cobrarles nada. O demostrarán que no sólo quieren prohibir que los foráneos adquieran una vivienda en Baleares, sino hacérselo también imposible a los propios ciudadanos insulares.

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 16 DE ENERO DE 2023.

Por Álvaro Delgado Truyols