Hoy tenemos que tratar del fascinante personaje llamado Félix Bolaños, correveidile multiusos -con aspecto de monaguillo recién levantado- que nos está proporcionando jornadas de gloria en varias recientes comparecencias públicas.
Siempre he observado con curiosidad la sumisión de juristas prestigiosos a muchos autócratas a lo largo de la historia. En contraste con el luminoso ejemplo de Cicerón, denunciando en el Senado romano -con sus Catilinarias y Filípicas– los abusos de los dictadores Catilina y Marco Antonio, me pregunto qué mecanismo psicológico, ideológico o social puede lograr que una mente jurídica formada, construida con estudios profundos y conocimientos legales consolidados, pueda prestarse a apoyar -muchas veces de forma incondicional- a despreciables tiranos autocráticos.
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears que condena al magistrado Manuel Penalva, al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y a varios policías nacionales del grupo de Blanqueo de Capitales a importantes penas de prisión (por obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mediáticas) supondrá un antes y un después en la azarosa vida judicial de estas islas, y también en el delicado campo de la información periodística sobre asuntos de Tribunales. Y no es más que el aperitivo de lo que está por venir, pues las irregularidades del enrevesado “caso Cursach” han quedado expresamente excluidas del fallo judicial.
¿Qué sucedería en España si un hipotético gobierno de Vox hiciera lo mismo que Pedro Sánchez? ¿Cómo reaccionaría nuestra opinión pública si Santiago Abascal, intentando ser investido presidente del Gobierno, amnistiara a militares que hubieran dado un golpe de Estado, derogara su delito de sedición, les rebajara las penas por malversación respecto al dinero público malgastado, blanqueara crímenes del franquismo, consumara un asalto a la Justicia y los contrapoderes del Estado, colonizara con personas afines todas las instituciones y medios de comunicación, atacara a la Corona y despreciara a la oposición con siniestras risas de Joker impidiendo la alternancia democrática?
Mucha gente culpa a Pedro Sánchez de la quiebra de nuestro régimen constitucional, olvidando que nada podría decidir este personaje carente de escrúpulos sin el apoyo electoral de millones de españoles. Exactamente 7.760.970 compatriotas nuestros le dieron su voto en las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio. Y todos sabían bien para qué se lo daban. O deberían haberlo sabido.
Parece que la inmensidad de Madrid y el vértigo originado por las altas instituciones del Estado están convirtiendo en Cenicienta a nuestra vieja Princesa Armengol, ese ensalzado “animal político” que gobernó con actitud sectaria y desbordante incienso mediático las dos legislaturas pasadas en Baleares. Pocos podrán discutir que su gestión en la presidencia del Congreso de los Diputados esté resultando triste y desafortunada, tanto si atendemos a su labor institucional como a sus pobres demostraciones de empaque, preparación para el cargo y categoría personal e intelectual.
La aventura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno comenzó con un par de golpes de suerte, su inesperada victoria en las primarias del PSOE tras recorrerse España con un Peugeot 407 y la exitosa moción de censura contra Rajoy arrejuntando cualquier voto que no fuera del PP, pero va consolidándose en el tiempo como un proyecto a largo plazo que pretende establecer un nuevo poder constituyente, arramblando el régimen constitucional que conocemos desde 1978.
La argumentación maniquea con la que algunos políticos españoles pretenden que tomemos partido en la guerra entre Israel y Palestina nos retrotrae a la época del instituto o a las ruidosas asambleas de facultad. La podemita Ione Belarra, Ministra del Gobierno de España, se ha colocado una kufiya palestina sobre su destartalada cabeza juvenil -tal como hacía en su época de la “uni”– y ha largado por esa boca algunas simplezas pavorosas sobre un conflicto complejo que lleva siglos azotando el territorio donde nacieron las más antiguas civilizaciones de la humanidad.
En su desbordante afán por alfombrar con pétalos el camino de espinas que le espera a Pedro Sánchez para ser investido como Presidente del Gobierno, el periodista de “El País” Xavier Vidal-Folch, en un obsecuente artículo publicado el pasado 5 de octubre, sostenía que 22 sentencias antiguas de nuestro Tribunal Constitucional permiten y respaldan la amnistía que se está negociando para los políticos catalanes condenados por los numerosos delitos del procés.
Esa tergiversación del lenguaje tan característica del relato político actual lleva décadas practicándose en algunos territorios españoles periféricos. Los habitantes fronterizos del imperialismo catalanista conocemos bien sus contorsiones terminológicas, cuyo uso subvencionado expanden generosamente por sus anhelados territorios vecinos. Así sucede en Valencia, parte de Aragón o las Islas Baleares.