Nuestro heterogéneo gobierno progresista es experto en construir “relatos” pero no tiene ni idea de legislar. Ya dijo Cicerón que “las leyes no son establecidas por el ingenio de los hombres ni por el mandato de los pueblos, sino que deben ser algo eterno que rija el universo con la sabiduría del imperar y el prohibir”. La acreditada torpeza jurídica de los esbirros de Sánchez, gente que confunde al ilustre Cicerón con cualquier fichaje veraniego del Getafe, les permite exhibir un variopinto mandato del pueblo pero un nulo ingenio de los hombres, mostrándose incapaces de construir algo duradero con la mínima sabiduría legislativa.

Ya Virgilio Zapatero, ministro socialista con Felipe González, nos recordaba en “El arte de legislar” (2009) que las leyes nunca deben ser concebidas como una pura manifestación de poder sino -tal como se sostenía en la época de la Ilustración- como la expresión de “una voluntad alumbrada por la razón”. Pero Sánchez encargó la redacción de las normas estrella de su gobierno al equipo del Ministerio de Igualdad (Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rosell) o a tipejos como Gonzalo Boye, terrorista chileno antiguo colaborador de ETA hoy abogado de Puigdemont. Y el resultado de sus chapuzas, aderezado por las morcillas introducidas por el ministro Bolaños o el omnipresente Conde-Pumpido, ya está saliendo a la luz. Con este inigualable dream team ¿qué podía salir mal?

Tres ejemplos recientes, entre muchos otros, demuestran su torpeza legislativa. El primero de ellos, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como “ley del sólo sí es sí”), tras cuya publicación centenares de juzgados españoles han rebajado las penas a miles de agresores sexuales condenados por sentencias firmes antes de existir esta norma. Un churro jurídico como la copa de un pino por el que las ignorantes de Podemos vendieron a las españolas que “habían puesto el consentimiento en el centro de la relación sexual,” cuando ya llevaba 150 años contemplado en el Código Penal.

Un segundo caso es la Ley 8/2021, de 2 de junio, para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que ha convertido -para vender titulares de prensa- a todas las personas -aun las afectadas por las más graves discapacidades- en jurídicamente capaces, eliminando las antiguas figuras de la tutela y la curatela y sustituyéndolas por “apoyos” y guardas de hecho”, con el infame resultado de dejar a las personas vulnerables más desprotegidas que nunca. Hoy podemos llamarlas ”capaces”, pero su vida queda al albur de que cualquier desaprensivo pueda engañarles vilmente en el manejo de sus asuntos personales o sus intereses patrimoniales. Hablen con los padres de cualquier afectado y les darán una cruda opinión sobre semejante mojón legislativo.

La última chapuza es la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, otro bodrio aprobado a la carrera para que Sánchez pueda conservar el poder. En Auto dado a conocer recientemente, redactado por la pluma jurídica del Magistrado Manuel Marchena, el Tribunal Supremo -aplicando lo establecido en la propia ley (que excluye la “malversación de caudales públicos” de los delitos amnistiables)- y considerando que existe “malversación” no cuando alguien se lleva el dinero para sí (eso sería directamente “apropiación” o “robo”) sino cuando gasta dinero público para no pagar algo personalmente, ha decidido que ese delito cometido por Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull y Bassa no queda amparado por la amnistía. Y con ello, deja el gozo de Sánchez -que se las prometía felices ante el truño perpetrado por Boye y Bolaños– en un triste pozo.

Elaborar buenas leyes no es tarea que pueda encomendarse a charlatanes, leguleyos o subalternos. Las leyes son delicados instrumentos de precisión que deben encajar en un ordenamiento jurídico integrado por múltiples disposiciones interconectadas. Por ello se exige la intervención de órganos consultivos (Consejo de Estado, Comisión de Codificación, CGPJ) de los que Sánchez siempre prescinde para que sus informes no le dejen en evidencia. Nos gobierna una banda de ignorantes que pasó de hacer mítines callejeros a emborronar demagógicamente el BOE. Pero todos sus reiterados fracasos son siempre culpa de la ultraderecha.

 

P.D.: El colmo de su inutilidad lo hemos sufrido hace escasos días. La ley del “sólo sí es sí” fue elaborada por las lumbreras de Podemos a raíz de la discutida sentencia del “caso de la Manada”. Pues bien, la aplicación de esa infame ley acaba de suponer una rebaja de condena… a un miembro de “la Manada”. Pero ellas siguen diciendo que “no hay leyes mal hechas sino jueces reaccionarios”. Nada hay peor que dar poder a tontos. O tontas. O tontes.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 08 DE JULIO DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols