La izquierda ha dispuesto siempre de voluntariosas cuadrillas de milicianos dispuestos a ejecutar sus trabajos sucios. Tipos menos ordenados que un ejército regular, caracterizados por su lealtad ideológica y su obediencia ciega a los intereses de la causa, prestos a chapotear en las pestilentes cloacas que sus líderes políticos necesitan controlar para ejercer el poder.
En el manejo de esbirros fieles el PSOE ha demostrado históricamente una maestría contrastada. Recuerden, en rápido resumen, que unos milicianos del PSOE (Condés y Cuenca) asesinaron al líder monárquico Calvo Sotelo, un miliciano del PSOE (García-Pelayo) aprobó con voto de calidad en el Tribunal Constitucional la polémica expropiación de Rumasa, unos milicianos del PSOE (Amedo y Domínguez) organizaron el GAL para hacer la guerra sucia contra ETA, un miliciano del PSOE (De Prada) introdujo una morcilla irregular en una sentencia judicial para justificar la moción de censura contra Rajoy, y un miliciano del PSOE (Conde-Pumpido) está dispuesto a validar desde el Tribunal Constitucional el truño de la Ley de Amnistía para que Sánchez pueda seguir usando el Falcon. Su grado de obediencia y colonización de las instituciones, con la aquiescencia pasota de buena parte del pueblo español y la complicidad de la mayoría de medios de comunicación, no ha tenido rival jamás.
Administraciones respetables como la Fiscalía y la Agencia Tributaria son también víctimas de esa invasión indecorosa. Ya en tiempos de Zapatero ambas se utilizaron groseramente para consumar en Baleares persecuciones políticas, alentando -mediante informes incriminatorios delirantes- registros espectaculares y detenciones masivas que los Tribunales acabaron reduciendo a una mínima expresión, aunque el impactante efecto político se consiguió holgadamente. Jamás Burillo, Sanguinetti, Castro, Horrach o Carrau utilizaron en sus investigaciones sobre corrupciones de la izquierda -que, de iniciarse, siempre acaban eternizándose y de las que jamás existen filtraciones- los informes psicodélicos o los espectáculos callejeros que patentaron exitosamente contra entornos del PP o UM.
La revelación por la Ministra de Hacienda María Jesús Montero de datos reservados sobre la investigación tributaria al novio de Isabel Díaz Ayuso, o el envío a los medios por orden del Fiscal General del Estado Álvaro García Ortiz de comunicaciones entre Fiscalía y el Abogado del mismo investigado, demuestran cómo suele entender el PSOE el manejo de las instituciones que gobierna. Ello ha dado lugar a denuncias como la del Colegio de Abogados de Madrid, por hechos similares a los que supusieron una condena por prevaricación al juez Baltasar Garzón, viejo miliciano de la causa socialista que había ordenado escuchar las conversaciones de los Letrados Ignacio Peláez y Juan Antonio Choclán con varios encarcelados por la trama Gürtel.
Los tiempos convulsos de autócratas como Sánchez acaban siempre pasando, pero los destrozos causados a nuestras instituciones difícilmente se podrán restañar. El lúcido profesor Íñigo de Miguel ha escrito en X que “como sigamos alterando el funcionamiento del Estado de Derecho para que la ultraderecha no llegue a gobernar, no sé cuánto Estado de Derecho va a quedar para protegernos el día que la ultraderecha gobierne…”.
PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 25 DE MARZO DE 2024.
Por Álvaro Delgado Truyols
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