La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears que condena al magistrado Manuel Penalva, al fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y a varios policías nacionales del grupo de Blanqueo de Capitales a importantes penas de prisión (por obstrucción a la Justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir filtraciones mediáticas) supondrá un antes y un después en la azarosa vida judicial de estas islas, y también en el delicado campo de la información periodística sobre asuntos de Tribunales. Y no es más que el aperitivo de lo que está por venir, pues las irregularidades del enrevesado “caso Cursach” han quedado expresamente excluidas del fallo judicial.

Pese al cuidado demostrado por los juzgadores en sortear los aspectos más graves del procedimiento (detenciones ilegales, manifestaciones contenidas en un grupo de whats app), aspectos que el Tribunal Supremo podría revisar, la muy calculada -aunque valiente- sentencia supone el reconocimiento implícito de dos cuestiones trascendentales: una -ahora que el acuerdo sobre la amnistía ha puesto de moda la palabreja- que en Baleares ha existido “lawfare” (uso político de actuaciones judiciales) promovido por miembros de la judicatura y de la fiscalía anticorrupción contra el Partido Popular y personas allegadas; y dos, que determinados medios de comunicación locales llevan años confiando su información judicial -sin contrastar con otras partes afectadas- a la palabra de delincuentes hoy condenados.

Respecto a la magnanimidad del Tribunal sentenciador, aparte de lo complicado que resulta en lugares pequeños que compañeros que se conocen todos se juzguen los unos a los otros (debería estar regulado que, de la misma forma que han asistido al juicio fiscales de Madrid, los jueces fueran también traídos de fuera) no podemos dejar de considerar algunas inquietantes publicaciones periodísticas (de Juana Viúdez en El País, el 24 de noviembre de 2019; o de Javier Jiménez en Última Hora, el 5 de noviembre de 2023) que aludían a las delicadas grabaciones que los condenados Penalva y Subirán alardeaban de acumular sobre todo el mundo, compañeros de fiscalía y magistratura incluidos. También Bartolomé Sbert, interrogado como testigo en este juicio el 6 de septiembre de 2023, explicó a los miembros del Tribunal que el juez Penalva presumía de tenerles grabados, a ellos y a otros altos miembros de la judicatura, lo que fue recogido el mismo día por Víctor Malagón en Última Hora.

El tema del “lawfare” contra miembros del PP, UM o allegados había sido ya puesto de relieve por algunas publicaciones heroicas (“¿Qué fue del caso Palma Arena?”, de Miguel Ángel Rodríguez; “Presunta legislatura”, de Juan Mestre y Gabriel Torrens; “La batalla de Can Domenge”, de Joan Miquel Perpinyà) y por la labor de algunos medios de comunicación como este diario digital o el periódico Última Hora. Aunque la cacería judicial al PP no ha sido asunto exclusivo de Baleares (recordemos las persecuciones judiciales a Lucía Figar, ex consejera de la Comunidad de Madrid, exonerada por la Audiencia Nacional tras ocho años imputada; a Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana, trece años imputado y acumulando nueve absoluciones judiciales; o a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, que le acabó costando la vida tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid -a los 68 años- dos días después de declarar ante el Tribunal Supremo tras sumar varios archivos judiciales) fue en territorio balear donde la fiscalía anticorrupción realizó, entre 2006 y 2015, numerosas intervenciones mediáticas, con registros y detenciones espectaculares retransmitidas al minuto, que acabaron en un rosario de fiascos clamorosos.

Finalmente, la filtración sistemática por parte de funcionarios investigadores de actuaciones bajo secreto de sumario -con la colaboración de algún medio de comunicación de línea editorial manifiestamente contraria al PP- que la sentencia atribuye a sus condenados (aunque quede sin castigo al no probarse de forma fehaciente) debería obligar a la profesión periodística a la misma profunda reflexión que nuestra Justicia seguro va a acometer de ahora en adelante. Tal vez sea imprescindible la condena penal a algún periodista para que esa reflexión resulte fructífera. Destruir injustamente reputaciones no debe salirle a nadie gratis.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Por Álvaro Delgado Truyols