Informar adecuadamente sobre asuntos sujetos a investigación judicial es un trabajo periodístico complejo, que requiere conocimientos jurídicos y una imprescindible conciencia ética que evite las injustas “penas de telediario”. Aunque siempre han existido en España referentes profesionales en la materia, desde los míticos Bonifacio de la Cuadra -uno de los fundadores de El País- o Jesús G. Albalat de El Periódico, hasta la reconocida Ángela Martialay, que escribe hoy en las páginas de El Mundo.

El principal error que cometen -a veces intencionadamente- la mayoría de medios de comunicación es dar solo la información procedente de una parte en el proceso -normalmente la que lo pone más fácil, o tiene más interés en contar sus argumentos para tratar de reforzarlos mediante su difusión mediática-, eludiendo explicar a sus lectores las pruebas de descargo y el principio de contradicción propio de todo proceso penal -acusación contra defensa-, publicitando un sesgado serial desde el inicio de la instrucción, y generando entre la ciudadanía una condena mediática anticipada de la parte que no colabora con los periodistas o a la que, simplemente, ni se le contacta. Eso sucede unas veces por incompetencia o comodidad -ir a lo fácil y rellenar páginas con el que tiene más interés, no siempre razón, en contar su versión- y otras por mala fe -ser la otra parte alguien contrario a los intereses políticos o económicos del propio periodista o de su medio-.

Todo ello causa distorsiones en la propia investigación. Cuando la prensa se dedica a publicar -de forma ilegal, en fases de sumario secreto- graves acusaciones contra una persona conocida, pocos protagonistas de la fase de instrucción experimentan excesivas ganas de defraudar las expectativas mediáticas creadas. Por ello, no resulta fácil que los investigadores quieran conocer hasta el fondo la verdad de lo sucedido, pues muchos se conforman con corroborar las acusaciones anunciadas a bombo y platillo. Luego, durante la fase de juicio oral, las publicaciones de argumentos de una sola parte tratan de mantener un clima social contrario a algunos enjuiciados, o incluso condicionar al Tribunal o influir en los testigos citados, generando una alarma social que no corresponde con la realidad judicial.

Como clara consecuencia práctica, pueden comprobar cómo la mayoría de acusaciones ocupan portadas a varias columnas que se prolongan durante meses o años, igual que las respectivas condenas -cuando las hay-, mientras que las absoluciones y sobreseimientos suelen publicarse de forma discreta, e incluso sembrando dudas insidiosas sobre los investigados.

Todas estas irregularidades informativas resultan habituales en la prensa balear en papel, acostumbrada a tomar partido por una parte en los procesos penales -la que coincide con sus intereses económicos o su línea editorial- escondiendo completamente a sus lectores los argumentos de la otra. Por ello, esos infortunados lectores quedan luego desconcertados cuando llegan sobreseimientos o sentencias absolutorias, que acaban achacando injustamente a oscuros complots o a corrupción judicial.

Este es el flaco favor que prestan a la verdad y a la Justicia algunos pésimos periodistas.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 09 DE DICIEMBRE DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols