La lucha contra la corrupción ha sido un tema sensible en la opinión pública de estas islas. Miles de páginas de periódicos y horas de radio y televisión se ocuparon, en otros tiempos, de ensalzar las hazañas de los idolatrados “Elliot Ness” locales. Cortes de calles con vehículos policiales, registros con armas y chalecos fosforescentes, detenciones espectaculares con conocidos políticos esposados, y cajas de Ducados semivacías sacadas ante las cámaras se convirtieron en argumento habitual de ese Netflix balear escenificado en la época de Zapatero. Lejano muñidor de una campaña político-judicial iniciada en 2004 en la Costa del Sol (casos “Malaya” y “Ballena Blanca”) y continuada generosamente en Baleares (casos “Andratx”, “Relámpago”, y muchos que vinieron después).

La entretenida cacería fue protagonizada por un grupo de “intocables” integrado por miembros de la Fiscalía Anticorrupción, ciertos equipos de la Policía Nacional (Grupo de Blanqueo y Delincuencia Económica) y de la Guardia Civil, y determinados Jueces y Magistrados. Alguno hasta resultó condecorado por el agradecido Pacte de Progrés, en pago a los servicios prestados a su causa, que siempre tuvo al Partido Popular y a la extinta Unió Mallorquina como objetivos esenciales. Porque ya saben ustedes que jamás ha existido en esta tierra corrupción en las filas de la izquierda, vista esa “superioridad moral” que siempre les caracteriza, que en las islas se ha traducido en una absoluta impunidad policial, fiscal y judicial. Como la que gozaba aquella Alcaldesa socialista que hacía regalos de Navidad a Fiscales con cargo al erario público.

A pesar de los focos y los destellos -y de algunas condenas merecidas- nunca fue oro lo que relucía bajo las veneradas togas y uniformes de nuestros salvadores de la patria. Transcurridos ya bastantes años, y habiendo salido a la luz historias demoledoras (como el imprescindible libro “Qué fue del Caso Palma Arena” del ingeniero Miguel Ángel Rodríguez) sobre los peculiares métodos empleados, puestos también de manifiesto a través de vergonzosos chats de whats app detalladamente publicados (con la suerte -para muchos- de que no se puedan recuperar todas sus conversaciones desde finales de 2006), el viento de la opinión pública ha virado considerablemente en todas estas cuestiones.

Hoy resulta acreditado que en Mallorca se ha utilizado la lucha contra la corrupción para ejecutar persecuciones políticas, y también para colmar notorias ambiciones profesionales. Es evidente que en todos los colectivos humanos pueden existir infractores de la Ley. Y la Justicia y las Fuerzas de Seguridad no constituyen conceptualmente ninguna excepción, aunque sus delitos -que a nadie ha interesado en Baleares investigar ni perseguir- resultan mucho más graves y preocupantes. Porque, si delinquen impunemente algunos encargados de vigilar el cumplimiento de las normas, estamos destrozando la credibilidad del sistema.

El libro de Miguel Ángel Rodríguez pone de relieve como un mediático Magistrado inició su relación con el autor deteniéndole y diciéndole que “se había apropiado de 13 millones de euros para repartir entre sus amigos, cosa que ya probaremos”. Años después, esa falaz acusación fue archivada. De 28 piezas separadas -más una general- que abrió el personaje por el “caso Palma Arena”, solo 3 tuvieron alguna relación con el velódromo, y todas bastante tangencial. El resto se fue al limbo, dejando un rastro enorme de detenidos, vilipendiados y damnificados. El despropósito quedó oculto tras el “caso Noós”, única pieza exitosa del voluminoso sumario, que sirvió como justificante ante la plebe de las barrabasadas cometidas. Como recompensa a la masacre perpetrada, al instructor le dieron el Premio “Ramón Llull”.

La mayoría de Letrados de la península -muchos de gran prestigio, currículum y reputación- que fueron contratados para defender a algún procesado local no salía de su asombro al conocer el peculiar funcionamiento de la parte más mediática de la Justicia penal de estas islas. Detenciones arbitrarias, filtraciones continuadas de sumarios secretos, entradas y registros que traspasaban manifiestamente las órdenes judiciales, presiones a testigos para forzar declaraciones inculpatorias hacia ciertos objetivos políticos, pactos infamantes para liberar a inocentes de las acusaciones… Todo parecía valer ante la impunidad y la adoración de sus jaleados protagonistas.

En estas últimas fechas hemos conocido algunas noticias sangrantes. Por un lado, la absolución en la Audiencia Nacional de la antigua cúpula de Sa Nostra y del promotor inmobiliario Martín Gual por el asunto de los terrenos de Son Bordoy. Por otro, el sobreseimiento definitivo de la causa contra el ex político popular Álvaro Gijón y demás acusados por el ”caso ORA”. Durante largos años, mediante indecentes juicios paralelos, se ha destrozado a conciencia la reputación de muchos investigados y sus familiares. El infortunado Martín Gual se quitó la vida hace año y medio, harto de las falsas acusaciones que dieron al traste con su exitosa trayectoria empresarial. ¿Alguno de esos desalmados va a responder por tantos terribles daños?

A eso hay que añadir las sorprendentes jubilaciones “por incapacidad permanente” y “con los derechos pasivos que les correspondan” del Fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y del Magistrado Manuel Penalva, publicadas en los BOE de 23 de junio de 2020 y 28 de julio de 2021, respectivamente. Ambos eran activos colaboradores del grupo de whats app, integrado también por algunos miembros de la Policía Nacional, del cual conocemos fragmentos que revelan sus habituales extorsiones a testigos y su continuada manipulación de acusaciones en mediáticas investigaciones a su cargo. Y, ante semejante espectáculo, el Ministerio y el CGPJ les incapacitan para dificultar su eventual condena, premiándoles además con una pensión vitalicia.

Si consultan ustedes estadísticas oficiales, verán que en España las condenas a Jueces, Fiscales o Policías son prácticamente inexistentes. Lo que llama demasiado la atención en una época de máxima exigencia de responsabilidad para todas las demás profesiones. ¿Están milagrosamente a salvo del delito? ¿O es que nunca se les quiere investigar? El corporativismo mal entendido perjudica mucho más a estos honorables oficios que la expurgación de las manzanas podridas. Resulta imprescindible terminar de una vez con la perniciosa Justicia-espectáculo. O acabaremos todos creyendo que, en lugar de sus humanas togas, visten la capa de Supermán.

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 2 DE AGOSTO DE 2021.

Por Álvaro Delgado Truyols