La Fiscalía Europea ha demostrado un interés inusitado en reclamar la instrucción de los casos de corrupción que afectan al PSOE, desde las investigaciones a Begoña Gómez al llamado “caso Koldo” -una de cuyas ramificaciones afecta a Francina Armengol-, apartando de ellas a los jueces instructores. Tanto ha llamado la atención esa voracidad acaparadora de sumarios cercanos al Gobierno que ha encontrado la resistencia de los propios jueces, Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid e Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Hay que recordar, según el artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2021 que regula en España la creación de la Fiscalía Europea, que corresponde a los fiscales europeos exclusivamente “la investigación de los delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea”. Ante esa limitación de sus competencias investigadoras surgen varios interrogantes e inquietudes sobre su hiperactiva actuación.

El primero de ellos, que tanto en el “caso Begoña” como en el “caso Koldo” existe mayor afectación de intereses nacionales que europeos, como ambos jueces instructores recordaron a la Fiscalía Europea cuando pretendió apartarles de la instrucción. Por eso, parte de ambos procedimientos ha sido traspasada, pero otra importante no. De hecho, el juez Ismael Moreno solicitó del Tribunal Supremo que se pronunciara sobre su competencia, cosa que hizo a su favor, activando esta pasada semana la investigación sobre la compra de mascarillas del Govern de Armengol.

Otra cuestión que genera inquietud es la diferente función de los fiscales europeos en relación con los nacionales. En la línea de la reforma procesal que los fiscales españoles pretenden para nuestro país, los fiscales europeos son quienes llevan la instrucción de los procedimientos penales, dejando a la autoridad judicial reducida en el proceso a la figura de un juez de garantías encargado solamente de resolver ciertos recursos. Pero esta actuación de la Fiscalía resulta imposible con su plantilla actual, y es manifiestamente incompatible con la jerarquización y politización con que funciona dicha institución en España, cuyo máximo exponente resulta el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, alguien reprobado por todas las instancias judiciales y que actúa a las órdenes políticas de Pedro Sánchez.

Un último elemento preocupante es que los fiscales españoles integrantes de la Fiscalía Europea suelen encargarse de las investigaciones afectantes a nuestro país, y que su proceso de selección para el cargo ha estado teledirigido por el Gobierno a través del sectario Don Alvarone, cuya hoja de servicios al poder no puede exhibir más muestras de indignidad y sumisión. De hecho, algunos miembros españoles de la Fiscalía Europea, casos de Ignacio de Lucas, Concepción Sabadell o Laura Pellón, consiguieron esa designación tras haber acumulado méritos en varios procedimientos judiciales contra miembros del Partido Popular.

Sumando todas esas sospechas al conocido afán colonizador del Gobierno de Sánchez, todas estas actuaciones de la Fiscalía Europea resultan altamente alarmantes. El avance o el archivo de sus investigaciones nos lo aclarará.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 07 DE OCTUBRE DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols