El Primer Ministro de Portugal, el socialista António Costa, dimitió de su cargo en 2023 al ser implicado en un asunto de corrupción tras una investigación iniciada por la Procuradoría Geral da República (equivalente a nuestra Fiscalía General del Estado), que instó la detención de su amigo  Diogo Marceda y de su Jefe de Gabinete Vítor Escária -involucrados en concesiones irregulares de extracciones de litio e hidrógeno-, e incluso el registro por la policía de la residencia del Primer Ministro.

Llamaron positivamente la atención dos cosas en ese delicado procedimiento judicial. La primera, que la Fiscalía portuguesa investigara libremente al Jefe del Gobierno, detuviera a varios amigos y colaboradores suyos, y ordenara a la policía registrar incluso su residencia privada. La segunda, que el Primer Ministro investigado, antes de que se dictaminara su culpabilidad -que hoy parece en entredicho por pruebas confusas en el procedimiento- presentara inmediatamente su dimisión manifestando: “yo no estoy por encima de la Ley y hay que preservar la dignidad de las instituciones democráticas”. Todo ello pone de relieve un funcionamiento impecable de los controles al poder y un respeto escrupuloso a las reglas del Estado de Derecho, algo que resultaría impensable en la España de Pedro Sánchez, que tiene groseramente colonizadas casi todas las instituciones del Estado.

   ¿Imaginan a nuestra Fiscalía General actuando con esa enorme libertad? ¿Imaginan a la policía española deteniendo a personajes como Juan Manuel Serrano -íntimo amigo de Sánchez– colocado a dedo como presidente de Correos, sociedad pública a la que hizo perder -hasta su marcha en diciembre- más de 1000 millones de euros? ¿Imaginan a las fuerzas de seguridad del Estado esposando al Jefe de Gabinete de Presidencia Óscar López? ¿Imaginan un registro policial en las dependencias privadas de La Moncloa para esclarecer cualquier investigación penal, el desmesurado gasto en asesores o el listado de pasajeros de los numerosos vuelos privados del Falcon a República Dominicana?

Mientras esas ejemplares actuaciones sucedían en Portugal, otras noticias judiciales se acumulaban sin descanso en España. Entre ellas, los cambios de criterio de la Fiscalía en la calificación de delitos afectantes a políticos a quienes Sánchez necesita, que para eso nombró Fiscal General a su Ministra de Justicia Dolores Delgado, y luego ésta designó a dedo a su sucesor Álvaro García Ortiz. O la espuria utilización del Tribunal Constitucional, previamente invadido con elementos incondicionales del sanchismo como Cándido Conde-Pumpido (ex Fiscal General del Estado con Zapatero), Juan Carlos Campo (ex Ministro de Justicia con Sánchez), o Laura Díez (ex Directora General del Ministerio de Presidencia con el propio Sánchez), para corregir decisiones del Tribunal Supremo, como acaba de suceder con la negativa a la repetición de un juicio a Otegi o la revocación de una pena al ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez, actuaciones insólitas que convierten al Tribunal Constitucional -órgano no propiamente judicial encargado de la defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales- en una sorprendente especie de improvisada sala de casación del Tribunal Supremo, o cuarta instancia judicial.

Todo ello pone de manifiesto que, aunque la Justicia funcione en España relativamente bien -especialmente cuando el peso de cualquier investigación recae sobre Jueces o funcionarios de a pie- los altos cargos designados por el Gobierno exhiben un servilismo vergonzante cuyo objetivo actual es desautorizar al Tribunal Supremo (al que, de momento, no controlan) para mantener el apoyo separatista, destrozando la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho. Qué suerte que en España aún exista prensa libre y qué sana envidia nos produce Portugal. Y ojalá António Costa sea declarado inocente una vez concluida su investigación.

 

P.D. ¿Entienden ustedes ahora por qué Sánchez tiene tanta prisa para “renovar” el Consejo General del Poder Judicial? Así intenta controlar la última pieza que le falta….

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 22 DE ENERO DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols