Un viejo refrán castellano, recopilado por el Centro Virtual Cervantes (sede en internet del Instituto Cervantes), dice que el asno le dijo al mulo “anda para allá, orejudo”. Para las víctimas de nuestras recientes leyes educativas -y para quienes anden justos en comprensión lectora- esa frase viene a definir a las personas que critican en los demás los defectos que ellos mismos exhiben de una forma continuada.
Ha causado conmoción la historia del veinteañero que, para esconder a su novio una infidelidad con tintes masoquistas, se inventó ante la policía una agresión homófoba en el barrio de Malasaña de Madrid. Preocupa, sobre todo, el grado de incivismo y salud mental exhibido por un chaval que denuncia una mentira de tal calibre, además de dejarse grabar con un cúter palabras insultantes -de forma sangrienta e indeleble- en ambos glúteos. Lo que viene a demostrar que algunos integrantes de ciertos colectivos no necesitan siempre una mayor protección social, sino más bien un trasplante urgente de neuronas, cosa que nuestras Administraciones públicas aún no están en condiciones de poder proveer.
La trola del descerebrado jovenzuelo generó la inmediata sobreactuación de algunos políticos, de las redes sociales y de muchos medios de comunicación, culpando de la agresión a Vox, a Ayuso y a la ultraderecha. Y, en especial –lo que resulta más preocupante- del Ministro del Interior (máximo responsable de la investigación), y del Presidente del Gobierno, tipos que no pierden ocasión de colgarse a la carrera todo tipo de medallas propagandísticas. Solo que aquí el show les salió rana.
Esta desafortunada historia merece algunas reflexiones, que les voy a realizar en forma de preguntas. La primera e imprescindible es la siguiente: ¿por qué las acusaciones falsas no suponen graves consecuencias para sus autores, que quedan indemnes habitualmente? Sepan que nuestro Código penal, en su artículo 456, sanciona con penas de seis meses a dos años de cárcel, además de una multa, a las personas que acusan falsamente a otras de la comisión de un delito. ¿Por qué en España unos delitos se persiguen más que otros? ¿Por qué se anda siempre mirando el colectivo al que pertenece el autor para decidir si la Fiscalía o los Tribunales actúan penalmente contra él? ¿Por qué no se les casca, además de la pena correspondiente, una multa económica equivalente al coste de los servicios públicos que han puesto innecesariamente en marcha? Tengan claro que rascarles bien el bolsillo crearía un precedente absolutamente disuasorio.
La segunda gran pregunta es la que sigue: ¿por qué nos hemos cargado en nuestro país, con algunas leyes recientes, la presunción de inocencia que debe presidir todo sistema legal? ¿Saben que si una mujer acusa falsamente a un hombre de agresión o maltrato, en ese mismo momento -antes de cualquier comprobación- se le priva al denunciado del contacto con sus hijos? ¿Les parece esto algo apropiado en un país en el que abunda una picaresca casi cultural, en el que mentir no penaliza a nadie (basta ver al mentiroso compulsivo que nos gobierna) y en el que proliferan acusaciones falsas como la que comentamos en este artículo?
Una tercera pregunta importante es ¿por qué que deben ser considerados más graves el odio homófobo o la violencia de género que otras manifestaciones diferentes de odio o violencia? ¿No deberían ser todas las clases de odio y violencia igualmente rechazables? Ya conocen ustedes que en España tenemos muy alto el umbral de tolerancia con las agresiones que genera habitualmente el independentismo con quienes no son de su credo político (recuerden lo sucedido en Alsasua, en bastantes municipios del País Vasco o el 1 de octubre en Cataluña), o las que acostumbran a perpetrar los ultras políticos con quienes no piensan como ellos (ladrillazos de los escoltas de Pablo Iglesias contra un mítin de Vox, en Vallecas) ¿Quién maneja el termómetro para medir un odio bueno y otro malo?
El grave problema que revelan todos estos interrogantes es que algunos tipos bien conocidos están utilizando una supuesta lucha contra los delitos de odio para generar más odio. Un odio ideológico que resulta rentable electoral y políticamente. Recuerden que ya le dijo Zapatero a Iñaki Gabilondo, cuando creía que los micrófonos estaban apagados, que “a nosotros nos conviene que haya tensión”. Desde entonces, su partido, perdida la batalla de la socialdemocracia, ha resucitado el frentismo y el guerracivilismo para obtener réditos electorales. Y no solo ellos. Por eso quiero hacerles una llamada de atención frente a cualquier utilización de un acto violento –inevitable en el género humano- para sacudir siempre automáticamente a algún colectivo: la extrema derecha, los inmigrantes, el género masculino o quienes no pertenecen al mundo LGTBI.
El postureo máximo de nuestros políticos ha venido representado, en este infortunado episodio de la supuesta agresión de Malasaña, aparte de por el Ministro Marlaska -que no ha tenido otra ocurrencia que culpar a la policía de su metedura de pata, siendo él su máximo responsable- por nuestro Presidente Pedro Sánchez. Oliendo la oportunidad y buscando la foto -únicas cosas que ha demostrado fehacientemente saber hacer- convocó urgentemente para el viernes la Comisión del Plan contra los Delitos de Odio. Quería capitalizar la presunta agresión y demostrarnos que podemos estar tranquilos porque su excelsa persona se ha puesto al frente de ese noble combate. Justo él, que está resultando el mayor odiador político que, tras los indudables méritos de Zapatero, hemos tenido sentado en La Moncloa.
Pero la jugada le ha salido fatal. Eso es lo que sucede a menudo cuando se gobierna un país a base de tuits, campañas propagandísticas y titulares de prensa. Sin proyectos, sin ideas y sin rumbo. Conociendo que en España hay menos agresiones machistas y homófobas que en Suecia, no le compren a este tipo más espectáculos circenses. Nuestro supuesto mayor luchador contra los delitos de odio no es un peso pesado del boxeo, es un cuentista del wrestling. Siguiendo el refrán inicial, tenemos al asno insultando al mulo. O al zorro guardando las gallinas.
PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Por Álvaro Delgado Truyols
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