Resulta ciertamente interesante contemplar la actitud de la gente ante la corrupción. De los implicados, de los posibles afectados, de sus rivales políticos, de los medios de comunicación y del público en general. Y valorar las diferentes escalas de la hipocresía humana. La evolución política y mediática del “caso Koldo” nos ofrece una demostración perfecta de todas las posibles reacciones que los ciudadanos suelen exhibir ante esta compleja lacra de nuestra sociedad.
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El Tribunal Supremo acaba de confirmar que el Govern balear debe indemnizar, en el plazo de dos meses, a una empresa del promotor inmobiliario Matthias Kühn con 96 millones de euros por la desclasificación de la Urbanización Muleta II del Puerto de Sóller, acordada en 2008 por el primer Pacte de Progrés de Francesc Antich.
Los baleares tenemos mucho que agradecer a Koldo García. Y al padrino de toda esa banda llamado Pedro Sánchez. Gracias a estos dos gigantes de la militancia, aizkolaris del orbe progresista, hemos descubierto sorprendidos que, durante las pasadas legislaturas, tuvimos en nuestras islas una presidenta fake.
Me descubro ante la mágica capacidad del socialismo para que dos golfos iletrados con menos luces que un barco pirata acaben siendo Ministro de Transportes y Consejero de Renfe en el Gobierno de España. Nadie podría superar este alarde desbordante de lucha de clases y superioridad moral. Ninguna otra ideología inventada en el mundo tiene esa habilidad taumatúrgica para combinar trajes de Armani con palillos en la boca, o transformar los músculos en neuronas, los panes en peces o el agua en vino. Ese que Ábalos y Koldo desparramaban de juerga en juerga pagando con billetes de 500 euros que el segundo sacaba de su mochila.
La deriva iliberal a la que han llevado al PSOE sus dos últimos dirigentes, Zapatero y Sánchez, está acelerando el proceso natural por el que innumerables personas van mutando -a medida que cumplen años y acumulan experiencia vital- hacia posiciones menos izquierdistas que las sostenidas en su juventud.
Desconozco las interioridades del problema que ha afectado a los diputados de Vox en el Parlament balear salvo por las noticias publicadas en los medios, que trataban de arrimar las ascuas de unos hechos bochornosos a su respectiva sardina ideológica.
La degradación de la democracia española ha alcanzado el extremo increíble de pagar a gente para que nos insulte. Y no mediante redes sociales o desde una manifestación callejera, sino a lengua suelta y con anuencia de las autoridades desde la sede de nuestra soberanía nacional.
Tras el fiasco impresentable de la Ley del “sólo sí es sí”, caprichito de cuatro ignorantes de Podemos que produjo la salida de más de mil abusadores sexuales a la calle, el nuevo planteamiento de la negociación entre el Gobierno y Junts para sacar adelante la polémica Ley de amnistía es reformar el Código Penal, reduciendo el ámbito objetivo de los delitos de terrorismo. Y así lograr evitar la imputación a los independentistas catalanes protagonistas de actos violentos por este tipo de delitos que Europa jamás considerará como amnistiables.
Una mayoría de la opinión pública internacional, incluyendo a reconocidos periodistas españoles de medios no considerados “de izquierdas”, muestra un sesgo creciente de demonización de las ideas de la derecha liberal. Cualquier personaje público que hoy defienda postulados no encajables en el relato socialdemócrata estándar resulta inmediatamente calificado como peligroso “ultraderechista”, sin atender a matices ideológicos o a las particularidades de su discurso.
El Primer Ministro de Portugal, el socialista António Costa, dimitió de su cargo en 2023 al ser implicado en un asunto de corrupción tras una investigación iniciada por la Procuradoría Geral da República (equivalente a nuestra Fiscalía General del Estado), que instó la detención de su amigo Diogo Marceda y de su Jefe de Gabinete Vítor Escária -involucrados en concesiones irregulares de extracciones de litio e hidrógeno-, e incluso el registro por la policía de la residencia del Primer Ministro.