Con independencia de la pésima gestión que todas las Administraciones públicas han hecho de las terribles inundaciones que han asolado la Comunidad Valenciana, y de que la violencia jamás representa una solución para los problemas en un país democrático -que deben resolverse mediante la palabra y el voto-, los sucesos del domingo 3 de noviembre en Paiporta, explicables por la desesperación de los vecinos del pueblo, pusieron de manifiesto detalles reveladores sobre el talante personal de nuestros máximos representantes públicos.
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El socialismo constituyó una doctrina imprescindible para superar los privilegios de las clases oligárquicas y los abusos de la revolución industrial. Aunque realmente solo triunfó donde interactuó con ideas liberales, introduciendo en muchas sociedades los principios de igualdad y solidaridad, humanizando al capitalismo más descarnado y dando lugar al nacimiento de la exitosa socialdemocracia. Porque allí donde las ideas de Marx y Engels se desarrollaron de forma integral, como en la URSS de los revolucionarios Lenin y Stalin, la aplicación del social-comunismo dejó un reguero de muertos, opresión, miseria y ausencia de libertades como aún puede comprobarse en Cuba, Venezuela, Nicaragua o Corea del Norte.
Una de las cosas que peor soporto es el uso espurio del poder funcionarial para practicar cacerías ideológicas o acumular méritos profesionales dispensando lametazos al poder. Algo que no resulta infrecuente en España, en especial entre esos soldados de la militancia a quienes ciega su supuesta superioridad moral, y que entienden las prerrogativas de su oficio como salvoconducto para aplicar su particular concepto de justicia social. Ya escribí, con referencia al fiscal general, que las facultades exorbitantes que las leyes confieren a los funcionarios cualificados no constituyen un cheque en blanco para hacer con ellas su santa voluntad.
La repentina dimisión de Íñigo Errejón ha sido una de las noticias destacadas de nuestra convulsa actualidad política. Sobre todo, por el infantilismo de su comunicado de renuncia (ha escrito agudamente Guadalupe Sánchez que parece redactado por Antonio Ozores tras ser poseído por su tocayo Gramsci) y por la contradicción que pone de manifiesto su conducta personal con todo lo defendido -por él y sus correligionarios- desde hace diez años en muy destacados cargos políticos. Resulta francamente difícil encontrar una hipocresía mayor.
Cuando el Estado delega en un funcionario público parte de su enorme poder debe exigirle utilizarlo con máxima responsabilidad. Las facultades exorbitantes que las leyes confieren a jueces, fiscales, notarios, registradores, abogados del Estado, guardias civiles, policías u otros funcionarios cualificados no constituyen un cheque en blanco para manejarlas a su antojo.
La Fiscalía Europea ha demostrado un interés inusitado en reclamar la instrucción de los casos de corrupción que afectan al PSOE, desde las investigaciones a Begoña Gómez al llamado “caso Koldo” -una de cuyas ramificaciones afecta a Francina Armengol-, apartando de ellas a los jueces instructores. Tanto ha llamado la atención esa voracidad acaparadora de sumarios cercanos al Gobierno que ha encontrado la resistencia de los propios jueces, Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid e Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
El maravilloso “Manual del perfecto idiota latinoamericano” (1996), escrito por tres destacados intelectuales de Iberoamérica -el colombiano Plinio Apuleyo Mendoza, el cubano Carlos Alberto Montaner y el peruano Álvaro Vargas Llosa-, define detalladamente a la peculiar fauna política que ahora vamos a describir.
Toda la vida pensando que vivíamos en un régimen de libertades y ha tenido que venir Pedro Sánchez a explicarnos que necesitamos regenerar nuestra democracia eliminando esa máquina del fango, periodística y judicial, que amenaza con sepultar su impoluto reinado progresista. Ahora resulta que nuestro principal problema nacional son los periodistas y los jueces que no se muestran dóciles al poder. Nunca le estaremos lo bastante agradecidos a este mesías inesperado con pinta de jefe de planta de El Corte Inglés. San Pedro ha llegado providencialmente a salvarnos, pese a que no todos hemos glosado con suficiencia sus innumerables méritos. La Historia guarda, sin duda, un deslumbrante rincón para su imperecedero legado democrático.
Marino Barbero fue un Catedrático de Derecho penal que ejerció como Magistrado en el Tribunal Supremo en la década de 1990, elegido por el cuarto turno. En junio de 1991 le correspondió la instrucción de un sumario sobre la corrupción del PSOE que, en tiempos de Felipe González, había montado un entramado de empresas (Filesa, Malesa, Time Export) para financiarse irregularmente a través de bancos y grandes corporaciones que, condicionadas por el enorme poder socialista, les contrataban informes y servicios ficticios que pagaban a precio de oro. Así llegaron al partido más de 1.000 millones de pesetas que destinaron a financiar sus exitosas campañas electorales.
Mi columna de la pasada semana, referida a la ejemplar reconciliación producida en Chile entre todos los representantes políticos tras el fallecimiento en trágico accidente del ex presidente Sebastián Piñera, dio lugar a interesantes reflexiones de algunos de mis lectores a través de las redes sociales. Varios comentaristas se preguntaban en qué somos tan diferentes los españoles a los habitantes de un país con el que presentamos muchos vínculos históricos, lingüísticos, culturales e incluso políticos (ambos vivimos en el siglo XX una dictadura militar).