Esta columna va dedicada a la memoria de mi tía Gloria Erasmo, una de mis más fieles lectoras y comentaristas.
Nunca alcancé a imaginar que el desempeño de un cargo político pudiera producir tan serios estragos en profesionales con una acreditada reputación. Algo que sí podría esperarse de esos abundantes mindundis que jamás han ganado un dónut lejos del calor de su partido, quienes jamás decepcionan a nadie pues nadie esperaba de ellos más que obediencia y sumisión. Pero no era algo previsible en un antiguo Magistrado de la Audiencia Nacional, con importantes méritos reconocidos en la compleja lucha contra ETA.
El profesor Ramón Tamames conserva -a sus 89 años- un ego tan poderoso que decidió impartir una conferencia en el mayor salón de actos que le fuera posible. Tras una pintoresca trayectoria política y una exitosa carrera académica, con el estímulo cómplice de Santiago Abascal y Fernando Sánchez Dragó, eligió para su última lección magistral el hemiciclo del Congreso de los Diputados, un martes en hora punta y con todos pendientes de la televisión. Un olé por el veterano catedrático y sus casi nonagenarios bemoles, de tamaño equivalente a su legendaria y cultivadísima autoestima.
Todos los integrantes del género humano, como también sucede en el mundo animal, somos esencialmente diferentes. No existen dos seres humanos idénticos en rasgos físicos, carácter, capacidades o aptitudes, ni en los casos de hermanos gemelos. Es éste un hecho evidente, que no tiene por qué generar dramas ni consecuencias indeseables. Nuestra enorme diversidad nos aporta una gran variedad y, en el fondo, una importante riqueza. Una especie integrada por seres clonados constituiría un horror indescriptible.
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, establece en su artículo 16.1 que “corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones públicas relacionadas con dicha actividad”. Dicho precepto legal responde a la loable pretensión de impulsar la búsqueda de víctimas desaparecidas desde nuestro conflicto civil, actividad que cualquier persona sensata considerará apropiada para reparar a las familias que aún desconocen el paradero de algunos seres queridos.
Todos conocemos la codicia y la desvergüenza características de la derecha española, que suele destinar los réditos de su apestosa corrupción política a comprar áticos carísimos y a depositar cantidades en Suiza. Ello contrasta con la generosidad histórica de nuestra izquierda nacional, siempre presta a auxiliar a los sectores desfavorecidos dedicando los fondos opacos de sus variados trapicheos políticos a una ingente labor social: mantener a flote -en las más duras épocas de crisis y pandemia- un sinfín de marisquerías, puticlubs y traficantes de droga. Su solidaria filosofía de vida se resume en que a los amigos que sueltan pasta nunca les falte de nada. Que se note por todo lo alto que se relacionan con gente de izquierdas.
En esta Comunidad Autónoma se recortan sistemáticamente las libertades de habitantes y visitantes. En todos los sectores de la actividad económica -y en múltiples aspectos de la vida cotidiana- vivimos una época de derechos menguantes y prohibiciones crecientes. Nuestras instituciones sólo cuidan a quienes viven de ayudas oficiales o del generoso erario público. Los demás, a pagar y a callar.
El veterano escritor Raúl del Pozo pronunció, en una reciente entrevista publicada por el diario El Mundo -mano a mano con el torero El Juli– la siguiente frase lapidaria: “El odio español es asombroso. Ya no hay guerras civiles en este país, pero no es por falta de ganas”. Y lo cierto es que lo clavó. Después del apacible paréntesis que supuso la Transición a la democracia tras la muerte de Franco, la llegada al Gobierno en el año 2004 de Rodríguez Zapatero desenterró los viejos rencores que el resabiado pueblo español había guardado -durante casi tres décadas- prudentemente en el desván.
Ha causado furor en la opinión pública la peripecia de un policía mallorquín llamado Dani, una especie de Lorenzo Llamas con porra y esposas, que se infiltró en los movimientos okupas e independentistas catalanes tratando de obtener información sensible sobre varios grupos antisistema, y que mantuvo entre 2020 y 2022 relaciones afectivo-sexuales con ocho activistas, cinco de las cuales le han denunciado al conocerse los hechos.
Poca gente conoce bien las vicisitudes que han vivido los movimientos nacionalistas desde su nacimiento en España, a finales del siglo XIX. El historiador vasco Juan Pablo Fusi, en su reeditada obra “La patria lejana”, cuenta cómo el nacionalismo constituyó una reacción romántica y autoritaria frente a los regímenes liberales del siglo XIX. Y añade que, ya bien entrado el siglo XXI, se ha producido un resurgimiento de muchos movimientos nacionalistas que nos deja en similar situación a la vivida en el pasado siglo, ya que los problemas de entonces parecen renacer tras el paréntesis de la Segunda Guerra Mundial y el esperanzador fenómeno de la unificación europea. La tesis central de la obra de Fusi es que el nacionalismo no es sólo un problema, ni tampoco un problema específico de España, sino que constituye una realidad histórica internacional. Y representa, sobre todo, una poderosa estrategia política para conseguir el poder.
Una de las obras de propaganda legislativa más aberrantes de la historia de España, la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como Ley del “sólo sí es sí”– va a ser reformada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras un fracaso que se concreta en más de 350 agresores sexuales liberados o rebajados en sus condenas a los pocos meses de su entrada en vigor. Y eso que no ha sucedido el drama más temido, la reincidencia como depredador sexual de algún excarcelado, cosa que difícilmente podrán evitar, aunque suspiran que suceda tras las elecciones.