Coincidiendo con informaciones publicadas sobre su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez, imputados por diversos delitos y sometidos a investigación judicial, nuestro presidente del Gobierno ha anunciado una propuesta de “regeneración democrática” para “acabar con la impunidad de algunos pseudomedios financiados por la ultraderecha de PP y Vox”. Ello significa que pretende limitar la libertad de prensa acallando a los medios críticos que ejercen la sagrada función de fiscalizar el ejercicio del poder.

Martin Jay, historiador norteamericano, reflejó en “Las virtudes de la falsedad: Sobre la mentira en política” cómo el programa fundacional del Partido Nacional-Socialista Alemán, elaborado en 1920, prometía “una campaña legal contra aquellos que propagan mentiras políticas deliberadas y las diseminan en la prensa”. Hoy vivimos la increíble paradoja de que un mentiroso compulsivo como Pedro Sánchez quiere acabar con los supuestos “bulos” de la ultraderecha utilizando métodos de censura inventados hace un siglo por los nazis.

Cabe también recordar que el principal diario de la Rusia soviética, publicación oficial del Partido Comunista entre los años 1912 y 1991, se llamaba “Pravda” (“la verdad”). Llama la atención cómo los extremos políticos acaban siempre tocándose, y cómo coinciden en el empeño de muchos gobernantes autocráticos para controlar el monopolio de la información. Que hoy, junto con el nombramiento de los jueces -precisamente cuando están investigando a su familia-, constituye la principal obsesión del decadente régimen sanchista.

La crítica a los jueces y a la prensa cuando incurren en investigaciones a su cúpula no resulta nueva en el socialismo español. Sin remontarnos a la Ley de Defensa de la República de 1931 y al cierre de los diarios monárquicos y de derechas ordenado por los políticos republicanos, el PSOE de Felipe González -líder alabado como ejemplo de moderación socialdemócrata- organizó en 1991 una terrible campaña política y mediática contra el juez Marino Barbero, instructor del caso Filesa, que investigaba una trama empresarial destinataria de más de 1200 millones de pesetas organizada para financiar ilegalmente al partido inflando contratos públicos y recibiendo comisiones.

La campaña contra el juez Barbero fue respaldada por el propio presidente González, por varios ministros de Justicia, la fiscalía general del Estado, el presidente del CGPJ y el del Tribunal de Cuentas, reclamando ardorosamente la “presunción de inocencia” para el PSOE. Finalmente, fueron condenados a prisión por el Tribunal Supremo todos los responsables de finanzas del “partido incorruptible”, como luego sucedió también 30 años más tarde con los responsables de los ERE de Andalucía (dos ex presidentes nacionales del partido, Chaves y Griñán, condenados penalmente con más de 670 millones de euros malversados). Hechos que pocos recuerdan al referirse continuadamente a la corrupción estructural de la derecha.

Las leyes españolas tienen ya mecanismos suficientes para luchar contra los bulos. Incluso el Código Penal sanciona con prisión o multa dos formas de difamación: la calumnia (artículo 205), que castiga “la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”, y la injuria (artículo 208), que castiga “la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”. No conocemos que la mujer ni el hermano de Sánchez hayan denunciado a nadie por cometer estos delitos, lo que demuestra su delicada posición legal y lo hipócrita de las lamentaciones presidenciales.

Que un mediocre narcisista con ínfulas autoritarias pretenda acallar a sus críticos ocurre en la humanidad desde los tiempos de Nerón. Pero que tantos periodistas contemporáneos no muevan un solo músculo cuando el poder pretende censurar a sus compañeros constituye una anomalía democrática especialmente degradante.

 

P.D.: Ha publicado The Objective que, desde el año 2023, el mayor anunciante de publicidad en los medios de comunicación españoles es el Gobierno de España, sobrepasando por primera vez a las grandes empresas privadas. Ahí tenemos una buena explicación del clamoroso silencio de los corderos….

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 1 DE JULIO DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols