Con el apelativo mafioso de “Don Alvarone” se conoce en el mundillo judicial al actual Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Y ya pueden imaginar ustedes por qué. Un activista político disfrazado de jurista que ha batido todos los récords de vergonzosa sumisión al poder y absoluto desprestigio público de la delicada institución a la que representa.

Sánchez rompió toda neutralidad política nombrando Fiscal General a su Ministra de Justicia, Dolores Delgado. Aquejada luego ésta de problemas de salud, propuso que le sucediera su segundo en el cargo, Alvarone -que había hecho campaña con el PSOE-, quien correspondió solícitamente nombrándola Fiscal Togada del Tribunal Supremo, requisito necesario para ser investida Fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la que el despacho de su pareja -el ex Juez prevaricador Baltasar Garzón– aspira a monopolizar los litigios relacionados con la nulidad de las condenas franquistas que posibilita la actual legislación. Todo quedaba en casa y Dios en la de todos, especialmente entre pícaros progresistas que aspiran a una vida millonaria.

Pero las maniobras de Lola y Alvarone no les han salido bien, y la trayectoria de este último no puede estar más repleta de tachones. Por un lado, fue declarado “inidóneo” para desempeñar su cargo por el Consejo General del Poder Judicial, en una decisión inédita hasta ahora en España. Por otro, el Tribunal Supremo anuló por “arbitrario” el nombramiento como Fiscal Togada de su antecesora Lola Delgado. Y finalmente, su propio nombramiento como Fiscal General ha sido recurrido por sus compañeros de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ante el Tribunal Supremo por su “inidoneidad”, por “desviación de poder” al nombrar a su antigua superior para un cargo inmerecido, y por sus maniobras para evitar que los Fiscales puedan pronunciarse sobre la Ley de Amnistía y para dificultar las imputaciones de Puigdemont y sus secuaces por acusaciones de terrorismo. Se ha conocido, además, que frenó la acusación en el caso Koldo hasta que se celebraran las elecciones generales.

Y de repente viene Bolaños y desentierra una vieja aspiración de la Fiscalía, en consonancia con la normativa de otros países occidentales, que es una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir a los Fiscales la instrucción de los procesos penales, apartando a la autoridad judicial. Aunque el acelerado Ministro no parece haber calculado la oportunidad de su propuesta. Una reforma de tal calado, estando los Fiscales en manos de Alvarone y con Sánchez alardeando de que “la Fiscalía, ¿de quién depende?”, no parece garantizar su imparcialidad. Si los procedimientos penales acaban instruidos al dictado del autócrata de la Moncloa o de su esbirro en la Fiscalía los Koldos serán millonarios y tendremos que huir de España los no afines a la cuerda gubernamental.

Ya conocimos en Baleares los efectos de una Fiscalía politizada. Años de registros, detenciones, chalecos amarillos y cierre de calles persiguiendo a políticos del PP o UM, cuando las investigaciones por corrupción a partidos de la izquierda se eternizaban o quedaban en el limbo (casos Multimedia, Ibiza Centro, Contratos, Senderistas, Puertos, etc.). ¿Qué harían hoy nuestros antiguos Fiscales Anticorrupción ante las graves acusaciones que señalan a Armengol si hubieran afectado entonces a alguno de sus rivales políticos? Sin el contrapeso de la intervención judicial -y el salvífico carnet del PSOE- la ex presidenta habría sido ya detenida.

La descarada politización actual de la institución constituye un obstáculo insalvable para atribuir la instrucción a los Fiscales. Antes de acometer semejante reforma debería garantizarse de forma absoluta su imparcialidad. Cosa que resulta imposible examinando la trayectoria de estos dirigentes autoritarios.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 15 DE ABRIL DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols