Tras superar exitosamente quince años de calvario y una decena de causas judiciales, habiendo sufrido 169 portadas de “El País” -ese antiguo diario independiente de la mañana, hoy diario dependiente del cantamañanas- que pretendían liquidar su carrera política y su reputación personal, Francisco Camps, ex presidente de la Generalitat valenciana, a quien se acusaba de haber pagado con dinero público cuatro trajes de Milano, organizó una cena en el puerto de Valencia -que reunió a más de 600 personas- a la que no quiso acudir ni un solo dirigente del Partido Popular ni ningún alto cargo de la Generalitat.

Coincidiendo en el tiempo con esa celebración, el Tribunal Constitucional que preside Conde-Pumpido se ha propuesto exonerar, uno tras otro, a los condenados por los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de la historia de España en el que se despilfarraron 670 millones de euros para mantener la estructura de poder socialista durante casi cuatro décadas de gobierno andaluz. Decisión que ha contado con el apoyo unánime -y especialmente reivindicativo- de todos los dirigentes nacionales y autonómicos del PSOE, encabezados por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, primer promotor de esa inaudita iniciativa de nuestro Tribunal de garantías.

¿Cómo pueden interpretarse racionalmente uno y otro fenómeno, ambos igualmente impactantes? ¿Por qué unos no tienen reparo en defender a capa y espada a delincuentes investigados y condenados por todas las instancias judiciales españolas (Juzgado de Instrucción de Sevilla, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo) y otros sienten vergüenza por desagraviar a alguien declarado inocente en diez procedimientos diferentes?

Mientras esos hechos sucedían, un tipo con aspecto de idiota que exhibe una jeta de hormigón, el ex presidente Rodríguez Zapatero, que acabó sus mandatos como un apestado por el desastre económico y social en que dejó sumido al país pero ahora vive espléndidamente de intermediar en oscuras operaciones empresariales y blanquear las trampas de un dictador como el venezolano Nicolás Maduro (debería investigarse a fondo a cambio de qué), se dedica a sermonear a los españoles sobre los peligros de la llegada de la ultraderecha asistiendo a mítines del PSOE por toda la geografía nacional en las diferentes campañas electorales.

Ha escrito Arcadi Espada que el PP, aunque gobierne, será siempre un partido secundario en la formación de la opinión pública española, situado a gran distancia del PSOE, porque arrastra una pesada carga de complejos -con orígenes a veces remotos- que le causan una profunda inferioridad moral. No es la presunta “superioridad moral de la izquierda” la responsable de estos contrastes sorprendentes, son los complejos del PP.

Cuando cualquier ciudadano normal -de los muchos no fanatizados- deba tomar la decisión de a qué partido votar, en especial en estos áridos tiempos de mediocridad generalizada en la clase política, es posible que tenga en cuenta cómo los diferentes partidos tratan a quienes tienen que abandonar la política. Y no me refiero a afiliados condenados, a quienes siempre será de aplicación aquella máxima popularizada en España por Concepción Arenal que decía “odia el delito y compadece al delincuente”, sino en especial a candidatos derrotados o a los injustamente acusados, que vivieron un calvario mediático y judicial por dedicar una etapa de su vida a la cosa pública.

Una de las cualidades que explican el éxito arrollador de Isabel Díaz Ayuso, diferenciándola de actitudes melindrosas de otros dirigentes populares, es la carencia de sentimientos de inferioridad frente a las maniobras de la izquierda. Ayuso arrasa porque logra transmitir esa actitud desinhibida, y porque a la gente le gusta votar a caballo ganador, no a un club de tristes acomplejados.

PUBLICADO EN MALLORCADIARIO.COM EL 12 DE AGOSTO DE 2024.

Por Álvaro Delgado Truyols