Legislando para el lumpen

Debe ser que los delincuentes, tanto los que sustentan habitualmente al Gobierno como los que se benefician con euforia de sus desafortunadas medidas, representan hoy en España un segmento electoral interesante. Porque, de lo contrario, no se explica que un tipo como Pedro Sánchez, tan alérgico a la buena gestión como yonki del poder y adicto a la propaganda, elabore tantas normas en su favor.

El listado de medidas aprobadas en esta legislatura para favorecer a delincuentes resulta espectacular. Desde los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo debido al procés -quienes manifestaron sin rubor que “ho tornarem a fer”-, o la derogación del delito de sedición dejando desprotegido al Estado frente a levantamientos políticos no violentos, hasta la reforma de la malversación para favorecer a quienes roban para su partido, o el infame acercamiento de los peores asesinos de ETA para que sean masajeados en las cárceles de Euskadi a cargo del Gobierno Vasco, pasando por la suelta de mil abusadores sexuales por el empecinamiento irracional de la Ministra de Igualdad Irene Montero con su Ley del sólo sí es sí. En España, ser hoy delincuente y además amigo del Gobierno sale sorprendentemente rentable.

Un ejemplo reciente de esa enfermiza tendencia a legislar para el lumpen lo constituye la nueva Ley de Vivienda, aprobada el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Aparte de constituir otra muestra más de infame propaganda para dummies (¿qué hace un tipo que gobierna desde 2018 anunciando una desmesurada construcción de viviendas a 30 días de unas elecciones?), de haber mentido como un bellaco en el anuncio de su tramitación (se atribuyó el mérito de aprobar la primera Ley de Vivienda de la historia de España, cuando tiene muchas cosas calcadas a la legislación franquista publicada cuando se creó el Instituto Nacional de la Vivienda el 19 de abril de 1939) y de contener abundantes medidas fracasadas en los lugares donde se intentaron (está ampliamente demostrado que el tope a los alquileres desincentiva a los propietarios y reduce aún más las viviendas en alquiler, tal como sucedió en Alemania, Portugal, Canadá o la misma Cataluña), Sánchez ha pactado con sus tres socios menos recomendables dificultar en lo posible el desalojo de los okupas.

La insólita protección legislativa a los ocupantes ilegales de viviendas es uno de los temas socialmente más sangrantes de la nueva Ley. Cuando todos los españoles decentes clamaban esperando lo contrario, el Gobierno se ha sacado de la manga una enmienda transaccional, acordada con Esquerra Republicana, Bildu y Podemos, que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a las demandas de desahucio. Por un lado, impidiendo que se admitan “las demandas que pretendan la recuperación de la posesión de una finca en las que no se especifique si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante”. Por otro, exigiendo al demandante del desalojo que acredite si es o no un “gran tenedor de viviendas” (entendiendo por tal el que tenga a su nombre 5 o más viviendas), así como “si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica” a través de una evaluación realizada por los servicios públicos de Vivienda autonómicos y locales.

Además, “a los grandes tenedores se les cancelarán todas las demandas en las que no se acredite que se han sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que establezcan las Administraciones públicas competentes, en base al análisis de las circunstancias de ambas partes y de las posibles ayudas y subvenciones existentes en materia de vivienda conforme a la normativa autonómica”.

Aparte de todo ello, la reforma incluye también “la obligatoriedad de informar del día y la hora exacta de cualquier desahucio”, por lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejecutar el desalojo de okupas por sorpresa o sin concertar cuándo. Todo ello, lejos de proteger a familias vulnerables (una buena parte de ocupantes son tipos violentos que destrozan los inmuebles y chantajean con dinero para abandonarlos), supone un atentado infame contra el derecho a la propiedad privada, reconocido por el artículo 33.1 de nuestra Constitución, y un enorme agravio comparativo con lo que sucede en los países de nuestro entorno.

Resulta algo evidente que todas estas nuevas medidas legislativas, en cuanto dificultan el desalojo inmediato y suponen una inversión de la carga de la prueba, teniendo el propietario demandante que acreditar un montón de circunstancias de hecho con la colaboración de las Administraciones públicas competentes, alargarán muchísimo el tiempo para desahuciar a cualquier okupa. Que es lo que Esquerra, Bildu y Podemos pretenden para atender sus intereses electorales, conociendo la peculiar fauna de gentlemen de la que se nutren habitualmente todos estos partidos antisistema.

Les añado dos datos más, fácilmente comprobables en internet, para que ustedes puedan redondear su creciente indignación: uno, que la media para desalojar a ocupantes ilegales en los países de la Unión Europea oscila entre 24 horas y 4 días; y otro, que el mismo Pedro Sánchez (y el mismo PSOE) presentaron en las Cortes hace escasos meses (en septiembre de 2022) una propuesta legislativa para modificar la misma Ley de Enjuiciamiento Civil “con el objeto de desalojar a los okupas en un máximo de 48 horas”.

Sin importarle convertirnos interesadamente en un confortable oasis para todo tipo de delincuentes, así de coherente y de responsable resulta ser el peligroso psicópata que nos gobierna.

P.D.: Según el artículo 148.1.3 de la Constitución española, las Comunidades Autónomas tienen las competencias sobre “ordenación del territorio, urbanismo y vivienda”. Como Sánchez está empeñado en que su Ley de Vivienda se aplique “en toda España”, a ver qué pértiga usa esta vez Conde-Pumpido para saltarse nuevamente la Constitución.

PUBLICADO ORIGINARIAMENTE EN MALLORCADIARIO.COM EL 01 DE MAYO DE 2023.

Por Álvaro Delgado Truyols